Quienes conocimos la enseñanza que se impartía en España durante el franquismo sabemos que en los colegios religiosos se adoctrinaba a los alumnos para servir al Régimen, mientras se reprimía la incipiente sexualidad juvenil con rezos de decenas de padrenuestros o avemarías. Sin embargo, de vez en cuando, algún que otro profesor, como se decía en el colegio que estuve, “se comía los huevos debajo de la manta. Eso no es todo, porque en el seminario anexo no era raro oír comentar “cositas” relacionadas con toqueteos entre alumnos y curas.
La Iglesia católica siempre ha luchado por controlar la enseñanza en España. Sabe que los jóvenes son moldeables y por eso quiere meterlos en su seno cuanto antes mejor.
Tal interés tomó una especial relevancia tras la Desamortización de Mendizabal, cuando para verse recompensada por los bienes perdidos reclamó al gobierno conservador de Isabel II el control de los centros educativos españoles y lo logró en el Concordato de 1851. Pero no fue esa la única ocasión de demostrar su obsesión por mantener tal privilegio. El Concordato firmado por Franco con la ¿Santa? Sede, entre otros privilegios obtenidos a cambio de apuntalar al franquismo, dice: “la Religión es obligatoria en todos los centros docentes” añadiendo que los Ordinarios (funcionarios eclesiásticos) podrán exigir que no sean permitidos o que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrarios al dogma y la moral católica”. Mas claro, agua. Así se explica los cantos al cara al sol previos a la misa diaria que teníamos que soportar los alumnos de mi generación, y el lavado de cerebro para controlarnos entonces y cuando fuéramos adultos. Por esa vía, algunos profesores también “comían huevos debajo de la manta”.
Hoy la prensa nos habla del escándalo generado por la Iglesia irlandesa en relación con los abusos sexuales cometidos por clérigos católicos con sus alumnos. A la vista de cuanto relatan los medios de comunicación, y de la experiencia vivida por mi generación en centros religiosos, uno puede preguntarse si ciertos curas desahogan sus reprimidos apetitos sexuales con niños y jóvenes, aprovechándose de estar inmunes al castigo judicial porque el Estado los ampara gracias a los Concordatos.
Lean el siguiente texto, publicado hoy por El Diario de Sevilla, y comprobarán que algo huele a podrido en el interés de la Iglesia católica por controlar la enseñanza en los centros educativos:
Miles de menores fueron objeto de abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales regentadas por religiosos de Irlanda durante casi 70 años, según revela un informe elaborado por una comisión gubernamental. Los abusos, una situación que el documento calificó de "endémica" en este país, provocó que varias generaciones de niños y niñas entregados al cuidado del Estado viviesen "a diario el terror" de los castigos corporales.
La Comisión sobre Abusos a Menores fue establecida en 2000 para aclarar numerosas denuncias de abusos sexuales ocurridos desde 1940 hasta mediados de la pasada década de los 80 en escuelas públicas, orfanatos, centros para enfermos mentales y en otras instituciones estatales, que, en su mayoría, estaban administradas por sacerdotes y monjas de la Iglesia católica irlandesa. No obstante, la investigación documentó casos que se remontan hasta 1914 y otros, más cercanos, denunciados en 2000.
El informe, de unas 2.500 páginas, es un catálogo de "abusos sexuales crónicos" y de maltratos físicos y emocionales infligidos "sobre miles de menores desfavorecidos, abandonados y olvidados" tanto por religiosos como por personal laico. El texto también lanza duras críticas contra la jerarquía católica irlandesa, a la que acusa de pasividad ante los abusos cometidos por individuos reincidentes.
Entre las órdenes religiosas investigadas figuran las Hermanas de la Misericordia -a cargo del mayor número de instituciones para menores-, los Hermanos Cristianos -el principal gestor de instituciones para chicos de entre 10 y 16 años de edad- y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio. Estas últimas administraban las infames Lavanderías de la Magdalena, popularizadas por la película Las hermanas de la Magdalena (2002), donde se recluía a jóvenes de supuesta vida disoluta bajo un régimen de esclavitud y continuas humillaciones.
Para la Comisión, las congregaciones religiosas no tuvieron en cuenta las consecuencias que tendrían sus acciones sobre el desarrollo de los menores. Al contrario, el informe denuncia que la principal preocupación de las órdenes era "la mala publicidad y los potenciales escándalos" que se generarían si se llegaba a conocer el verdadero alcance de los abusos.
El presidente de la Comisión, el magistrado Sean Ryan, aseguró que las autoridades eclesiásticas abordaban las denuncias de abusos sexuales trasladando a los agresores a otro lugar, donde, "en muchos casos", volvían a delinquir. "El bienestar general de los niños no se tomaba en consideración", recalca el documento.
Durante la presentación del informe, celebrada en un céntrico hotel de Dublín, se registraron tensas escenas entre miembros de la Comisión y víctimas de los abusos, a los que no se permitió entrar en la sala. El grupo de apoyo a las víctimas One in Four (Uno de cada cuatro) consideró que "la jornada de hoy es un día de vergüenza para Irlanda". Los perjudicados lamentan también que, como resultado de la investigación, que le ha costado al Estado más de 70 millones de euros, ningún supuesto pederasta será llevado ante la Justicia.
El informe sólo nombra a los individuos que ya han sido condenados por cometer abusos sexuales, a pesar de que la Comisión descubrió "casos específicos" en 216 instituciones. "El abuso sexuales de chicos era endémico en las escuelas, mientras que en las de chicas, las menores eran objeto de actitudes depredadoras por parte de trabajadores varones, visitantes o cuando salían al exterior para realizar alguna tarea", indicó el texto.
Según la Comisión, los maltratos no se denunciaban normalmente, pero en una ocasión en que el Ministerio de Educación fue alertado al respecto, sus responsables actuaron en connivencia con los religiosos para mantener la cultura del silencio imperante. Por lo general, abundó la investigación, la autoridades educativas irlandesas optaban por ignorar las acusaciones de abusos sexuales y nunca presentaron estas quejas ante la Garda (la policía irlandesa). "Como mucho, los abusadores era trasladados, pero nada se hacía para tratar el daño infligido sobre el menor. En el peor de los casos, se culpaba al niño y se consideraba que estaba corrompido por la actividad sexual y era castigado con severidad". Y si las condiciones de habitabilidad eran "frías, húmedas y básicas", los castigos corporales eran "perversos, severos, arbitrarios e impredecibles" en las instituciones donde los menores "vivían con el terror diario de no saber por dónde iba a llegar la siguiente paliza", concluye el informe.
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